El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó este viernes como «grotesca e infame» la nueva recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos por información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro, en lo que consideró una «grosera intromisión» en los asuntos soberanos del país.
En un comunicado emitido por el Ministerio Público, Saab rechazó categóricamente la medida anunciada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, y la calificó como una «violación flagrante del derecho internacional» y una «maniobra política orquestada desde Washington» para desestabilizar al país en pleno contexto electoral.
«Estados Unidos insiste en recurrir a prácticas propias de regímenes coloniales, universalmente rechazadas desde hace siglos, utilizando su aparato judicial como instrumento de persecución política global», afirmó Saab.
El alto funcionado venezolano denunció que la acusación contra el presidente Maduro carece de sustento jurídico, técnico o serio, y calificó de «calumnia infame» pretender vincular al jefe de Estado con estructuras criminales internacionales. Subrayó que, bajo el liderazgo de Maduro, Venezuela ha desarrollado una política «firme, sostenida y eficaz» contra el crimen organizado, el narcotráfico y las redes de delincuencia transnacional.
«Frente a esa narrativa falsa y malintencionada, hay una verdad irrebatible: el Estado venezolano combate decididamente al crimen. No somos cómplices; somos parte de la solución», sostuvo Saab.
La recompensa, anunciada este jueves por Bondi a través de redes sociales, duplica los 25 millones de dólares ofrecidos en enero de 2025 y fue calificada por la fiscal estadounidense como «histórica». En un video divulgado públicamente, Bondi acusó a Maduro de ser «uno de los mayores narcotraficantes del mundo» y de representar una «amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos».
Además, reveló que el Departamento de Justicia estadounidense ha incautado más de 700 millones de dólares en activos presuntamente vinculados al presidente venezolano, así como dos aviones privados y nueve vehículos de lujo.
«Maduro no escapará de la justicia. Rendirá cuentas por sus atroces crímenes», afirmó Bondi.
Este nuevo anuncio se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países. El canciller venezolano, Yván Gil, calificó la recompensa como una «patética operación de propaganda política» y una «cortina de humo ridícula», destinada a desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos.
Por su parte, el presidente Maduro denunció el miércoles una «conspiración fascista» orquestada por el gobierno de Donald Trump, y llamó a las autoridades civiles y militares a reforzar los planes de «seguridad y protección de la paz nacional».
Las autoridades venezolanas insisten en que las acusaciones estadounidenses forman parte de una estrategia de guerra híbrida que combina sanciones, campañas mediáticas y presión judicial con el objetivo de debilitar al Gobierno legítimamente constituido.
Mientras tanto, el Palacio de Justicia en Caracas mantiene su postura de defensa de la soberanía nacional y reafirma su compromiso con el Estado de derecho, enmarcado en el respeto a las instituciones y al orden constitucional venezolano.
