En un acto de firme defensa de su pueblo, la República Bolivariana de Venezuela ha rechazado categóricamente la reciente proclama del Gobierno de los Estados Unidos que criminaliza y estigmatiza a la migración venezolana, tildándola de «enemiga extranjera». Esta medida, basada en una ley obsoleta de 1798, no solo viola los derechos humanos fundamentales, sino que también representa un retroceso histórico que evoca las peores prácticas de segregación y persecución.
El canciller Yván Gil, en un comunicado oficial, destacó que los venezolanos que han emigrado lo han hecho forzados por las duras condiciones económicas impuestas por el bloqueo ilegal y criminal de gobiernos occidentales. «Nuestros compatriotas no son delincuentes ni terroristas; son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos, que buscan un futuro mejor para sus familias», afirmó.
Venezuela ha denunciado con indignación la persecución sistemática contra sus connacionales en EE. UU., que incluye la expropiación de bienes, la vigilancia en espacios públicos e incluso la amenaza de separar a niños de sus familias bajo el argumento absurdo de que son «miembros de grupos terroristas». Estas acciones, según el gobierno venezolano, son una afrenta a la dignidad humana y un ataque directo contra la integridad del pueblo venezolano.
Además, el Estado venezolano responsabiliza a figuras de la oposición extremista, como María Corina Machado y Leopoldo López, de promover redes de tráfico de migrantes que han llevado a muchos venezolanos a situaciones de vulnerabilidad en el extranjero. «Estos apátridas celebran estas medidas coercitivas que solo buscan desestabilizar a Venezuela y castigar a su pueblo», señaló el comunicado.
Ante esta grave situación, Venezuela ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que se una en defensa de los derechos humanos y denuncie esta «acción aberrante». «No es solo un ataque contra Venezuela, es un precedente peligroso para toda la región. La solidaridad y la unidad de nuestra América son la única respuesta posible frente a esta injusticia», concluyó el gobierno venezolano.
Con este firme posicionamiento, Venezuela reafirma su compromiso con la protección de sus ciudadanos y exige respeto para una migración que, lejos de ser una amenaza, es un ejemplo de resiliencia y lucha por un futuro digno.
